Defensores ambientales y activistas climáticos, voces demandantes muchas veces silenciadas

Lourdes Uquillas

Redacción Medioambiente, 18 nov (EFE).- Violencia, cárcel, amenazas, desprestigio, multas o incluso la muerte, en los casos más extremos, son algunas de las consecuencias que padecen los defensores ambientales y activistas climáticos en todo el mundo por acciones pacíficas en defensa de la tierra y denunciar la emergencia climática mundial.

La presión contra quienes protestan contra la inacción climática también la perciben estos días en la Cumbre del Clima (COP29), con miles de representantes reunidos en Bakú (Azerbaiyán) para hablar sobre el cambio climático.

El último informe anual de la organización internacional Global Witness, fundada en 1993, registró un total de 196 casos documentados de defensores asesinados en 2023.

Global Witness eleva a 2.016 casos documentados la cifra de defensores asesinados entre 2012 y 2023 y coloca a Colombia, Brasil, México y Honduras en el nefasto «top» de esta clasificación, que señala que el 43 % de defensores eran indígenas y el 12 % mujeres.

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Uno de los últimos casos registrado en Latinoamérica es el del hondureño Juan López, defensor ambiental y de derechos humanos, asesinado el pasado 14 de septiembre, por su defensa contra las actividades extractivistas en los ríos Guapinol y San Pedro, en el parque nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejia”.

De ello sabe bien el activista guatemalteco Bernardo Caal, líder indígena q’eqchi y maestro rural, quien fue condenado a siete años de cárcel por denunciar la corrupción en la construcción de los proyectos Renace I, II, III y IV a lo largo del río Cahabón, con la empresa europea Cobra entre los contratistas, que dejó sin acceso al agua a más de 30.000 personas de las comunidades que viven a lo largo de las riberas del río.

Peor suerte tuvieron el activista y defensor de la Amazonía Francisco Alves Mendes Filho, más conocido como ‘Chico Mendes’, asesinado en 1988 por luchar contra la deforestación en la Amazonía de Brasil; o la activista hondureña y líder indígena lenca Berta Cáceres, asesinada en 2016 por luchar por los derechos de su comunidad y por el acceso al agua.

Además, Paulo Paulino Guajajara, Guardián de la Amazonía, a quien la organización de defensa de los pueblos indígenas Survival Internacional ha recordado en el quinto aniversario tras ser asesinado en 2019 por madereros ilegales, en el estado brasileño de Marañón por defender su territorio.

La presión sobre los defensores ambientales ha aumentado también en Europa, Asia o África, con amenazas, intimidación, campañas de desprestigio o actos violentos.

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El canadiense Paul Watson, ambientalista y defensor de los derechos de los animales, estará en prisión preventiva hasta el 4 de diciembre próximo después de su detención el pasado 21 de julio de este año tras atracar con su embarcación en Nuuk, capital de Groenlandia, cuando pretendía iniciar una acción para interceptar un barco ballenero japonés en el Pacífico Norte.

Watson se encuentra detenido por una orden internacional de captura emitida por Japón por supuestas acciones en aguas antárticas de entorpecimiento de la caza de ballenas en 2010. El activista afrontó además un proceso judicial en Costa Rica por el intento de hundir una embarcación pesquera que supuestamente cortaba aletas de tiburón. Finalmente este caso fue sobreseído.

En España, según denuncia la organización Rebelión Científica (RC) en su cuenta X, el científico y divulgador climático Fernando Valladares ha recibido amenazas de muerte. Valladares participó en una acción de RC en el Parlamento en Madrid con otro grupo de activistas climáticos que tiñeron la fachada del edificio para demandar al Gobierno español más ambición climática, por lo que fueron denunciados ante la justicia.

El activista Gabriel Menéndez, de Extinción Rebelión (Extinction Rebellion) ha afirmado a EFE que junto a otros cuatro jóvenes afronta una denuncia por «delitos de coacción» presentada por una empresa filial de la siderúrgica ArcelorMittal tras encadenarse en una acción pacífica frente a sus instalaciones en Gijón para demandar que se ponga fin a las subvenciones públicas a multinacionales relacionadas con los combustibles fósiles, responsables del calentamiento global.

En cuanto a las protestas durante la COP29 en Bakú, la activista sueca Greta Thunberg ha preferido manifestarse desde territorio de Armenia y ha criticado la falta de respeto a los derechos humanos en Azerbaiyán, para añadir que países con esas carencias no pueden marcar la agenda climática.

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Derechos humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y crisis climática forman un trenzado de temáticas difíciles de separar y por los que luchan los defensores ambientales y los activistas climáticos, quienes este pasado fin de semana se han manifestado en varias ciudades del mundo para demandar más ambición y justicia climática ante la inacción de quienes toman las decisiones.

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