Crimen y Justicia
Exalcaldesa de Lima afrontará juicio oral por aportes irregulares de Odebrecht y OAS
Lima, 5 nov (EFE).- La exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014) afrontará un juicio oral por los presuntos aportes millonarios de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014, según informó este martes la Corte Superior Nacional.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra Villarán, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros, precisó la corte en la cuenta del Poder Judicial en la red social X.
El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS a las campañas de revocatoria en 2013 y la reelección municipal de 2014.
Entre las personas naturales están los exfuncionarios municipales José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras.
Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.
El juez Jorge Chávez dispuso remitir la causa al juzgado penal colegiado nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley, para que se decida aleatoriamente cual de los cuatro juzgados penales colegiados se encargará del juicio oral.
Por su parte, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez ha pedido 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.
La semana pasada, Pérez pidió al Poder Judicial la suspensión de las actividades de recaudación del peaje por parte de la concesión Línea Amarilla, dado que la empresa está implicada en el juicio por presunta corrupción contra la exalcaldesa y la firma OAS.
Pérez, a cargo del Primer Despacho del Equipo Especial de la Fiscalía, requirió la suspensión contra la concesionaria, administrada por Lima Expresa SAC, antes denominada Lamsac, en los peajes ubicados en la Vía de Evitamiento, Monterrico, Separadora Industrial, Santa Anita, Ramiro Prialé, Estadio, Ejército y Huánuco.
Además, solicitó el nombramiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Peajes S. A. (Emape S.A.), como administrador judicial, a fin de que «custodie los bienes de la concesión» de las áreas del terreno objeto del contrato de concesión.
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