El presidente de la Judicatura de Ecuador entre los 29 detenidos en un presunto gran caso de corrupción

Quito, 14 dic (EFE).- El detenido presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Wilman Terán, aseguró este jueves haber recibido «un trato inhumano» después de haber sido arrestado en la madrugada como parte de una presunta gran trama de corrupción en el aparato judicial, carcelario y policial, producto de la infiltración del narcotráfico.

En un breve mensaje en redes sociales mientras se celebraba la audiencia de formulación de cargos contra él y otra treintena más de personas detenidas por el mismo caso, Terán aseveró que desde el momento de su detención se ha visto «limitado de alimentación, hidratación, aseo y descanso, derechos para mantener la vitalidad necesaria».

«Venceré», apostilló el detenido, que también señaló haber recusado al juez nacional Felipe Córdova, encargado de dirigir la audiencia de formulación de cargos por señalar que no siente «independencia ni transparencia en el proceso».

La audiencia de formulación de cargos comenzó en torno a las 16:00 hora local (21:00 GMT) en la Corte Nacional de Justicia, a cuyas instalaciones fue trasladado Terán junto a los demás detenidos.

En ella la fiscal general, Diana Salazar, presentará los indicios contra los detenidos y realizará las imputaciones a cada uno de ellos, con el presunto delito de delincuencia organizada como denominador común para todos.

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Entre los indicios que expondrá Salazar estará la evidencia de los 25.000 dólares en efectivo hallados durante el registro realizado en la madrugada a la vivienda de Terán, distribuidos en billetes de 100 dólares, que no son usados comúnmente en Ecuador en las transacciones en efectivo de la calle, y de 20 dólares.

La detención de Terán se produjo en medio de un pulso en la judicatura por el concurso para la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia, después de que en mayo pasado esta le retirase la confianza como su representante en el Consejo de la Judicatura.

Terán fue designado para liderar la Judicatura ecuatoriana en febrero pasado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuando este órgano estaba presidido por Alembert Vera, un abogado cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017) que fue destituido por la Corte Constitucional por, según la sentencia, exceder sus funciones al querer revisar las designaciones de los jueces de este tribunal y de la fiscal general.

Al mismo tiempo, el correísmo busca impulsar un juicio político en la Asamblea Nacional (Parlamento) para destituir a la fiscal general, quien fue la encargada en años anteriores de llevar la acusación que derivó en la inhabilitación y la condena de ocho años de cárcel por cohecho que pesa sobre Correa y colaboradores, quienes denuncian una persecución política.

Entre los demás detenidos por el caso ‘Metástasis’ están jueces, fiscales y policías, incluido el general en retiro Pablo Ramírez, quien fue director del sistema nacional penitenciario y posteriormente director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía.

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De acuerdo a la fiscal Salazar, las informaciones y datos de este caso comenzaron a recopilarse después del asesinato en prisión el año pasado de Leandro Norero, uno de los principales narcotraficantes del país.

Salazar consideró que «el caso ‘Metástasis’ es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado, para a través del dinero mal habido operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos».

La fiscal enfatizó que «hoy el término de la ‘narcopolítica’ ha sido evidenciado y ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para conseguir sus objetivos, y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia».

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